El juez en lo Comercial N° 13, Fernando Javier Perillo, ordenó que hoy sea realizado en la sede de las Madres de Plaza de Mayo, un procedimiento judicial para el que habilitó la actuación de fuerzas policiales.
El operativo obedece a una presentación del Juez Javier Buján, designado rector interventor por el Ministro de «Justicia y DD.HH.» de la Nación, Germán Garavano, quienes reclaman el #ArchivoHistórico de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para avanzar en su ilegal confiscación.
Las Madres denuncian que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad y Estado de Derecho. Tanto es así, que los superiores del juez Perillo decretaron lo contrario.
En efecto, el 27 de noviembre de 2018, la Sala B de la Cámara Comercial dictó un fallo que reconoce a las Madres de Plaza de Mayo los derechos que le asisten y que el juez de Primera Instancia Perillo, inferior a la Cámara, insiste en desconocer. Para el Tribunal de Alzada, las actividades de las Madres de Plaza de Mayo están fuera del código de comercio y son de interés público y social.
Las Madres debieron recurrir a la Cámara Nacional en lo Comercial porque el juez de Primera Instancia les denegó expresamente la permanencia en su sede y el derecho de continuar ejerciendo sus actividades de Derechos Humanos, de reconocimiento mundial.
Con la firma de las magistradas Matilde Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, la Cámara Comercial entendió que las Madres no «pueden ser evaluadas con los mismos parámetros» que una empresa «por distintas razones: (su actividad) no implica ni implicó per se actividad comercial; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina».
Por lo tanto, afirma la Cámara, «esta Sala considera que su continuación (las actividades de las Madres) como tal (…) debe ser autorizada».
El fallo, además, precisa que «corresponde admitir su permanencia en el inmueble (la sede de Hipólito Yrigoyen 1584) para el cumplimiento del cargo impuesto en el acto de donación» del año 2010, que no es otro que «realizar actividades en defensa de los Derechos Humanos, en los términos del art. 1826 del Código Civil» vigente en 2010.
Ese cargo incluye la conservación y promoción del mayor Archivo Histórico de América latina en su tipo: el que documenta el genocidio argentino y sus responsables Militares y Civiles.
Detrás de la orden judicial, actúan, el Ministro de Justicia, Germán Garavano; el operador judicial, Daniel Angelici; y su amigo, el Juez Javier Bujan.